En el proyecto de Ley del Suelo del Gobierno se dice en la Exposición de Motivos nº V que respecto del suelo «debe valorarse lo que hay, no lo que el plan dice que puede haber en un futuro incierto», y sigue diciendo que «en el suelo rural, se abandona el método de comparación porque muy pocas veces concurren los requisitos necesarios para asegurar su objetividad y la eliminación de elementos especulativos» para adentrarse en lo que verdaderamente pretende, que es «un régimen que, sin valorar expectativas generadas exclusivamente por la actividad administrativa de ordenación de los usos del suelo, retribuye e incentiva la actividad urbanizadora?» (sic) y así lo plasma en su articulo 22.2.

Estas afirmaciones son parciales e interesadas. Sin suelo no hay actividad urbanizadora que valga porque no se pueden construir castillos en el aire. Así pues, para que exista expectativa o plusvalía ha de existir suelo, y, en consecuencia, la propiedad del suelo también genera las expectativas o plusvalías. Se me puede objetar que el propietario puede obtener la totalidad de dichas expectativas o plusvalías (menos el diez por ciento de cesión obligatoria y gratuita para la Administración) participando en el proceso urbanizador, y es correcto, pero también es cierto que una elemental justicia distributiva obliga a que, si no participa, al menos se le retribuya la parte de la plusvalía que genera la propiedad de dicho suelo.

Es de colegir que hacia esta justicia distributiva en el reparto de la plusvalía se dirige la reciente propuesta del conseller Esteban González Pons (a la espera de que se confirme y veamos en qué se plasma legalmente), por cuanto que asegurando al propietario inicial de los terrenos una participación en la plusvalía puede desactivarse gran parte de la prevención y litigiosidad que ha venido generando la actividad urbanizadora por los abusos cometidos por los promotores, tolerados en muchos casos por la Administración.

Inteligente propuesta la del conseller que choca con la del Gobierno del Estado que ramplonamente pretende arrebatar al propietario inicial dicha parte de la plusvalía a través del subterfugio de alterar las valoraciones y cuyo único fin no puede ser otro que transferirla netamente a los bolsillos de los promotores, como si no bastara con el beneficio industrial que obtienen. Como decía Tácito, «ut olim flagitiis, sic nunc legubis laboramus». Al fin y al cabo, todos somos, en mayor o menor medida, propietarios.